Existe actualmente un conflicto entre los poseedores
de los derechos de autor y aquellas empresas de la web que se dedican a
compartir información.
Antecedentes
En el juicio Metallica-Napster, se exteriorizó un conflicto
que estaba latente entre las distintas empresas de internet y se conformó como
un leading case en materia de derechos de autor que circulaban en Internet.
A partir de allí, el negocio de las empresas de Internet y
las empresas que detentan los derechos de autor de distintas producciones
(audiovisuales, musicales o artísticas) entrarían irremediablemente en una serie
de conflictos judiciales que se extiende al día de hoy.
Existen dos fundamentos que originaron la situación actual,
el primero era que Napster había demostrado ser un negocio de un enorme éxito
con un know how fácilmente imitable y el segundo es que el conflicto por
violaciones a los derechos de autor es personalizado, los juicios se realizan entre
quien vulnera y se siente vulnerado en su derecho de transmisión de un
contenido. En un ámbito tan multilateral y abierto como es Internet, permitió
que el mercado aprendiera del caso Napster, evolucionara y multiplicara en
miles los ejemplos que precedían, potenciando la viralidad del negocio.
En Argentina esta pelea se presenta en los casos llevados
adelante contra “Taringa” y “Cuevana”
Intervención
estatal.
En los últimos años, los distintos estados nacionales
tomaron cartas en el asunto debido a la masiva conflictividad judicial que
llevaba este sector del mercado, pretendiendo regulación (erga omnes) de las prácticas
que venían llevando a juicios y sentencias a lo ancho y largo del globo.
En este escenario de conflicto con participación estatal lo podemos
identificar a nivel mundial con casos como “Pirate Bay” y “Megaupload” donde
hubo una fuerte participación de organismos estatales para impulsar el cierre o
bloqueo de los sitios.
Actualmente, existen numerosos proyectos alrededor del mundo
que buscan regular por parte del estado dicha situación, por ejemplo, podemos
destacar en Gran Bretaña el proyecto de ley de Economía Digital; en Irlanda, la ley de Copyright; en España,
la ley de SINDE-WERT; En Colombia, la ley Lleras 2.0; En México la ley Döring y
en Estados Unidos, la ley CISPA y los proyectos OPEN, SOPA y PIPA. (fuente)
Podemos observar que toda esta legislación trabaja sobre el
mismo eje de regular los contenidos transmitidos vía internet con el simple
objetivo de proteger a aquellos tenedores de derechos de autor.
El caso del proyecto de la ley SOPA se convirtió en el más
emblemático en este tema. Si se observa los partidarios de cada una de las
posiciones podemos distinguir que en contra de la implementación se encontraban
empresas que comparten contenidos vía web (Google, Facebook, Wikipedia, etc), a
favor de la misma se encontraban empresas que poseen contenidos registrables
(Fox, Universal, Sony, Disney, Warner, etc) y por último el Estado le daba su
atribución intrínseca propia de control a aquellas empresas que operaban redes
de telecomunicaciones como son British Telecomunication, AT&T, Verizon que
no tomaron posición al respecto. (fuente)
El futuro del
conflicto.
El sistema de derechos de autor se remonta a finales del
siglo XVIII, la evolución de los distintos medios de transmisión y la
tecnología atentó constantemente contra este modelo establecido de negocios, podemos
citar al cassette o a la fotocopia por ejemplo, pero el margen de perdida económica
que estos nuevos medios representaban para estas empresas era menor y por lo
tanto no implicaba grandes esfuerzos.
Con la aparición de la Internet y los medios de transmisión
de contenidos via web esa tasa de perdida se disparó y hoy las mismas empresas
que siempre tuvieron cautivos los contenidos con un modelo de negocios que
tiene 300 años, aseguran que si el Estado no sale en defensa de ellos, la
producción de calidad de contenidos audiovisuales, literarios, gráficos o
musicales tendera a desaparecer indefectiblemente.
Esa afirmación es falsa ya que en la actualidad muchas
bandas de música mayoritariamente encuentran en Internet y en la viralidad de
compartir información una solución optima por llegar a lugares donde antes no
lo podrían haber logrado, sin tener que aportar esa comisión a la discográfica
(Taringa Musica, Cuevana autor y Megaupload). Sucede de la misma manera con
otras ramas del arte. La pregunta queda abierta, no será hora de que los
gigantes de la industria adapten sus negocios a la tecnología en vez de
retrasar a la tecnología de acuerdo a sus históricos negocios?
La legitimidad, el debido proceso y presunción de inocencia brillan por su ausencia.
El documento que emitió el senado paraguayo para destituir al presidente Fernando Lugo.(acá).
Los adjetivos a veces son insuficientes en la canallada política que acaban de llevar a cabo en el Paraguay.
LIBELO ACUSATORIO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS N° 1431/2012
1. OBJETO.
El Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando Lugo Méndez, se
funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos seguidamente a
exponer:
Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 225, establece:
"El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria".
2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo, reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.
Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio.
Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa solo pudo ser realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares.
2.2 CASO ÑACUNDAY
Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice.
El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a interminables denuncias de los propietarios y también incontables publicaciones periodísticas referidas a esa situación.
Y mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras más en otros departamentos de la República, el Presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones, como es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos que eran propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones.
Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a los denominados carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no actuaron por la indisimulada complicidad del Presidente de la República con esos agresores. Los miembros de esta Cámara recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un violento ataque de carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el vehículo en el que se desplazaba.
2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD
El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.
En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios sino también ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote
de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro.
Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, muchas veces con gran cobertura periodística, han tenido como único resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este país, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas por los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conducta complaciente del Presidente siguió inalterable.
Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP.
Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de excepción no han dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una mayor fortaleza de ese grupo terrorista armado a través del descrédito y las humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas militares y policiales asignadas al operativo.
El Presidente Lugo es el responsable de la creciente inseguridad y es responsable también por haber mantenido por tanto tiempo como Ministro del Interior a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa ineptitud, sumada a la indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y los líderes de la asociación de carperos y otras organizaciones que fueron protagonistas de innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones son los que han propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17 compatriotas, 6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron cruelmente asesinados y a sangre fría por auténticos criminales, que también han incitado y manipulado a campesinos del lugar.Luego de esa triste jornada, de la que felizmente se tienen importantes datos y filmaciones que han sido generosamente difundidas por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una posición absolutamente equívoca del Presidente de la República en relación a lo ocurrido.
Fernando Lugo Méndez y varios de sus ministros, y en especial Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por igual a los policía cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de esos crímenes. El derecho a reclamar está consagrado por la Carta Magna pero nadie está autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y, menos aún acabar con la vida de policías desarmados.
Esta misma actitud, se manifestó en la conferencia de prensa brindada por Fernando Lugo con relación a lo ocurrido en la estancia Morumbi, en donde ni siquiera tuvo la delicadeza de prometer el castigo de los asesinos de esos policías y de quienes instigaron a los campesinos a tomar las armas so pretexto de luchar por sus derechos.
El Presidente Fernando Lugo está propiciando y fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices que fungen de dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas, un conflicto social de dimensiones impredecibles y que por su comprobada incapacidad no podrá luego solucionar.
Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de que el camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el producto de negligencia o simple impericia del Presidente sino directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el tiempo que fue obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI.
Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificable que pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a los policías que fueron cobardemente asesinados.
Mientras los familiares lloran por sus muertos, Fernando Lugo debe estar reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que élmismo se ha encargado y esforzado de generar.
2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.
Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República. (ellos son la institucionalidad y el proceso democratico, no el presidente)
Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del documento y a su contenido al punto que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al congreso para su conocimiento y consideración. A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay.
El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros.
La principal características del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la "defensa de la democracia", defenderse unos a otros.
2.5 CASO MATANZA CURUGUATY.
Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.
Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la perdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho.
No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios.
El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria.
Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la perdida de vidas humanas.
Hoy, podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando Lugo, este fue siempre el plan ideado por el mismo, con la única finalidad de crear las condiciones de crisis social y, conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Republicano. Este deseo desmedido, hoy nos hace lamentar las perdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la República del Paraguay.
Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado, donde se embosco a las fuerzas del orden publico, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la Republica, quien hoy no solo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.
Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro.
Tan poco hoy importa al Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales.
Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy nuestro país este viviendo días de luto.
Tanto él como su incapaz ex Ministro del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante la ciudadanía por los trágicos acontecimientos registrados en el Departamento de Canindeyú.
No existe voluntad alguna de combatir estas formas de violencia, que tanto daño ya ha causado a nuestra sociedad, es por ello que debemos de cumplir con nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien desde que asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes judiciales de desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio entre las partes, o abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de tierras han sido los signos que marcaron las acciones y el temperamento de este Gobierno.
3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN
Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. (Esta es la mayor aberración jurídica de todo el escrito, denuncian todo tipo de atrocidades y cuando llega la hora de probar, cuentan que es evidente porque lo mostraron los medios de comunicación).
4. CONCLUSIÓN.
El Presidente de la Republica Fernando Lugo Méndez ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la Republica, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde de nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz.
La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados, que legitiman la presente acusación.
5.- DERECHO
Se funda la presente acusación por mal desempeño de funciones de conformidad a lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución Nacional.
6. PETITORIO.
6.1.- Definitivamente, la gestión del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación, que de continuar, apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo paraguayo y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, por lo que se halla sobradamente justificada hacer lugar a la presente acusación contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la Honorable Cámara de Senadores, por mal desempeño de funciones.
6.2.- En mérito a los argumentos precedentemente señalados dicten resolución, declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, y en consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 225 de la Constitución Nacional
6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia Ordinaria.
Video de la asunción del Nuevo Presidente, Federico Franco.
Dos hechos que llamaron la atención.
- El actual presidente no nombra a los cancilleres que lo saludaron.
- Hace especial hincapié en su salud personal.
Accionar de los Países vecinos.
Brasil lidera la solicitud de expulsión del Paraguay del Mercosur y UNASUR por incumplimiento de la clausula democrática de UNASUR. Folha de San Pablo.acá.
Ecuador adhiere a la misma y afirma no reconocer al nuevo gobierno del Paraguay. acá.
Comparto la nota de Carlos Rodriguez que salió hoy en Pagina 12 y agrego un solo detalle, en Brasil mediante la ley 12.403 se modificó el Régimen de prisión preventiva. Acá esta todo por hacer.
Logo del diario Pagina 12
Un informe del Inecip que será presentado hoy en la Defensoría
General de la Nación considera que es “desmedido” el uso de las detenciones sin
condena definitiva. Del total de presos, entre procesados y condenados, el 67
por ciento tiene entre 18 y 34 años.
En la Argentina, sobre un total de 52.722 personas
detenidas en cárceles federales y provinciales, 31.389 (el 59,50 por ciento)
son internos que están bajo el régimen de prisión preventiva, sin condena
firme, mientras que suman 21.333 (40,50 por ciento) los que han recibido
sentencia definitiva. Las cifras son mencionadas en un libro titulado El estado
de la prisión preventiva en la Argentina. Situación actual y propuestas de
cambio, realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (Inecip), al que tuvo acceso Página/12. El trabajo será presentado hoy
en un encuentro organizado por la Defensoría General de la Nación. En las
conclusiones sobre el estudio se señala como dato preocupante que la
ratificación de que en el país hay “más presos preventivos que condenados” está
demostrando “la utilización desmedida de este instituto” cautelar por parte del
Poder Judicial. En el análisis pormenorizado de los datos se confirma una vez
más que “el número más importante” de detenidos con prisión preventiva se
encuentra en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde suman 17.146,
lo que representa “un poco más de la mitad de los (21.333) presos preventivos
de todo el país”. Del total de presos, entre procesados y condenados, el 67 por
ciento tiene entre 18 y 34 años.
Hoy, desde las 18, en el Salón Díaz Lestrem de la Defensoría, en Callao 970,
se realizará un debate sobre el tema. Intervendrán la defensora oficial María
Fernanda López Puleio; el presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario
Juliano; el catedrático chileno Mauricio Duce y la camarista Angela Ledesma. En
la introducción del libro se señala que la prisión preventiva es hoy el
instituto “con mayor capacidad lesiva de los derechos fundamentales” por ser “una
herramienta de extrema violencia y de grave afectación a los derechos”.
Luego recuerda que el Estado de derecho “exige como presupuestos” para
aplicar la preventiva que sea dispuesta “por un tribunal imparcial, previa
solicitud de parte, y que se demuestre, en base a elementos probatorios, que la
persona intentará eludir el accionar de la Justicia o entorpecer la
investigación”. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron más de veinte años de la
incorporación de procesos de reforma de los sistemas procesales penales, en el
marco de la democracia, de todas formas “los distintos tribunales del país
regulan y aplican este instituto con un amplio margen de discrecionalidad y por
fuera de los principios” básicos.
En las cárceles del país, la mayoría de los presos (29.718) está imputada
por robos o intentos de robo, infracciones a la ley de drogas o por delitos
contra la seguridad pública. Por delitos graves, como el homicidio doloso, son
7839 los que están entre rejas, según datos reunidos en el año 2008, dado que
no hay información actualizada sobre la situación en las unidades
penitenciarias.
Si bien en quince de las jurisdicciones nacionales hay más presos condenados
que procesados, apenas en las provincias de Chubut, Río Negro, Entre Ríos,
Neuquén y Tierra del Fuego hay una relación claramente favorable al total de
condenas sobre las prisiones preventivas, del 70 o el 80 por ciento sobre el 30
o el 20 por ciento, respectivamente. Por eso el número de presos sin condena
firme es abrumadora mayoría, sobre todo por la incidencia que tiene la
situación carcelaria irregular en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o
en Mendoza.
Para completar el trabajo se hicieron entrevistas con personas privadas de
su libertad. Sobre 38 casos, se determinó que “la mayoría eran condenados (69
por ciento) y el resto procesados”, pero de todos ellos “sólo el 15 por ciento
permaneció en libertad durante la tramitación de su causa”. Esto indica que “la
gran mayoría de los entrevistados estuvo o está privado de su libertad de manera
preventiva (85 por ciento).
Por lo demás, “el 71 por ciento de los detenidos sostuvo que la prisión
afectó sus relaciones familiares, ya sea por haber perdido un vínculo o porque
su detención ocasionó el desmembramiento del núcleo familiar”. En cuanto a la
duración de la medida cautelar, “se pudo observar que el 17 por ciento de los
condenados entrevistados dice haber permanecido más de dos años con prisión
preventiva”, superando el plazo legal establecido para ese instituto. El 30 por
ciento estuvo entre uno y dos años y el 13 por ciento menos de un año.
En las entrevistas con jueces y fiscales se determinó que, al analizar si se
aplica o no la preventiva a un imputado, sólo en el 11 por ciento de los casos
se tuvieron en cuenta los informes socioambientales. Esto significa que no se
toman en cuenta las situaciones personales, reales, de los acusados, para
determinar de manera fehaciente si son personas propensas a fugarse o a ponerle
trabas al proceso penal en marcha.
El proyecto del Código Civil siempre dijimos que traerá
mucho debate público sobre la temática que tratará. En los últimos días en
muchos medios nacionales surgió la preocupación sobre la “pesificación de los
contratos” por parte del Nuevo Código.
Tapas del 12 de Junio de 2012
El artículo 765 y 766 del proyecto que envío el Poder
Ejecutivo al Congreso modificó en algunos párrafos que presentó la comisión de
reforma que redactó el anteproyecto
Estos artículos, situados en el capítulo de obligaciones de
dar dinero, trajeron el debate en cuestión.
·Versión enviada por la Comisión de Reforma en el
anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial.
ARTÍCULO 765: “Concepto. La obligación es de dar dinero si
el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al
momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha
constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso
legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas
de dinero”.
ARTÍCULO 766: “Obligación del deudor. El deudor debe
entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la
moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene”.
·
Versión modificada por el Poder Ejecutivo
Nacional y remitida al tratamiento por parte del Congreso de la Nación.
ARTÍCULO 765: “Concepto. La obligación es de dar dinero si
el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al
momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha
constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en
la República, la obligación debe considerarse como de dar
cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda
de curso legal, de conformidad con la cotización oficial”.
ARTÍCULO 766: “Obligación del deudor. El deudor debe
entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”.
Ante la creciente preocupación de
dichos periódicos es necesario enmarcar y contextualizar el tratamiento del
presente artículo.
Principio de autonomía de la
voluntad o “pacta sunt servanda”.
A prima facie, debemos remarcar
que en este, como en la mayoría de los artículos del Código Civil y Comercial regirá
el principio de autonomía de la voluntad que rige en el Derecho privado.
En el derecho privado todas las
normas se encuentran subordinadas supletoriamente a lo que las partes puedan pactar al respecto,
salvo contadas excepciones dictada por la ley explícitamente o por los
tribunales.
En este caso en particular queda
pactado a que las partes no hayan pactado la forma de pago de la obligación contraída.
Todos estos principios son
plasmados en el artículo 962 del proyecto del Código Civil: “Carácter de las normas legales. Las normas
legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes,
a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte
su carácter indisponible”.
Irretroactividad de la ley.
El actual artículo 3 del Código
Civil establece: “A partir de su entrada
en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de
orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida
por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías
constitucionales”.
Este principio del derecho civil se transformo en un
principio general que se extiende a otras ramas del derecho.
El artículo de la polémica así
como está redactado solo sería aplicable para los contratos celebrados y cuyo
cumplimiento sea con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que
sancione el nuevo Código Civil.
Eso es lo que estuvo explicando
el Ministro de Justicia, Julio Alak en "cadena nacional" durante toda la mañana a
todos los medios de comunicación. Aquí una entrevista a C5N
Del artículo en particular e
intencionalidades.
En el derecho nacional, moneda
extranjera es considerada una cosa, en los términos del artículo 16 del nuevo código,
que lo define como bienes materiales.
[Existió una excepción durante la convertibilidad donde el dólar legalmente
era considerado moneda de vigencia legal, derogada la ley de convertibilidad,
todas las monedas extranjeras volvieron al mismo status jurídico]
Esto lo convierte en una contratación
en moneda extranjera con una obligación de dar en especie, básicamente y para
ser didáctico, legalmente pagar un departamento en una cantidad determinada o
determinable de dólares es lo mismo que hacerlo en una cantidad determinada o
determinable de manzanas.
Es un avance de parte del Estado
la posibilidad de cancelar deudas contraídas en moneda extranjera con el
similar en moneda de curso legal al tipo de cambio oficial el dia de cancelación.
En ese aspecto pienso que si
bien, la nueva redacción del Código es desafortunada utilizando el termino cosas, que creo confuso, en reemplazo
del término establecido por el anteproyecto (sumas de dinero), está reconociendo que el dinero extranjero tiene un
valor oficial dictado por el Banco Central de la República Argentina, que dicta
el valor de las sumas cambiarías y ese valor debe ser reconocido por el
sistema jurídico para la moneda de curso legal, este simple reconocimiento autoriza
el uso del valor cambiario que establece en la última reforma por parte del
Poder Ejecutivo.
Esa palabra “cosas” generará mucha
conflictividad porque deberá considerarse el valor oficial de todas las cosas y las
mismas podrán ser canceladas por su equivalente en pesos, si las partes no
hubiesen estipulado formas de cancelación de la obligación, desde el dólar hasta
un stock de biromes azules, por citar un ejemplo.
En una nueva sección de este blog comenzaremos a compartir con ustedes
la importante jurisprudencia sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia y
Tribunales inferiores de la Nación en relación a los distintos temas que se
vayan presentando
Fallo “Albarracini Nieves,
Jorge Washington”.
Los hechos son:
-Pablo Albarracini, recibe como víctima de un hecho
de inseguridad varias heridas de bala, que generan la necesidad de una transfusión
sanguínea según los médicos de la Clínica Bazterrica de Buenos Aires.
-Pablo es Testigo de Jehová, asimismo tiene un
documento firmado hace 2 años ante escribano publico donde prohíbe cualquier transfusión
sanguínea aunque peligrase su vida.
-Romina Elena Carnevale, la mujer, presenta ante los
médicos, dicho documento y solicita que se respete dicha decisión.
-Pablo Albarracini se encuentra inconsciente para
manifestar su voluntad, por lo que toma trascendencia la voluntad expresada a través
de dicho documento.
-El padre de Pablo inicia las acciones judiciales
para que autoricen la transfusión a pesar del documento.
Antecedentes jurisprudenciales.
En el caso “Bahamondez, Marcelo” de 1993, existen diferencias sustanciales que podrían
no ser comparables en los hechos con el presente. Pero aun así, la Corte Suprema
avanza con algunos indicios en la dirección que actualmente sentenció.
En aquel entonces Bahamondez quien estaba en pleno uso de sus atribuciones y
capacidades se negó a realizarse una transfusión por ser parte del mismo credo
que Albarracini.
La Corte decidió que era inoficioso sentenciar dado que el conflicto había desaparecido
y La CSJN no puede sentar jurisprudencia sobre cuestiones abstractas e inexistentes.
Pero aun así, la disidencia de los doctores Belluscio y Petracchisentarón una posición que podría considerarse un
antecedente al presente caso.
Derechos involucrados.
El fallo contempla en su considerando 5° los derechos involucrados: “…
los derechos involucrados en la cuestión planteada – derecho a la vida y a la
salud, autonomía individual, libertad religiosa y de conciencia-“
Argumentos de la defensa.
El fundamento de la defensa se sostiene principalmente en el artículo 14
y 19 de la Constitución Nacional y en el derecho de la autodeterminación, creencia
religiosa y dignidad personal. Considerando 5°
Argumentos de la actora.
Entrevista a la abogada actora.
Artículo 19 de la Constitución Nacional, su extensión
e importancia.
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas
a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella
no prohíbe.”
La Corte Suprema aprovecha la cuestión para zanjar varias lagunas en términos
de la extensión e importancia de este artículo podemos señalar.
-Se remitió a Ponzetti de Balbin (fallo) para
recordar la extensión que el Tribunal impuso a la aplicación del derecho
contemplado en el artículo.
“la
libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual
constituida por los sentimientos,
hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos
o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad
están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los
extraños significa un peligro real potencial para la intimidad. En rigor,
el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo
familiar de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual física
de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad
no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares
autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre
que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la
defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.”
Decisión del Tribunal.
La Corte consideró en una decisión sin precedentes legitimar la voluntad
de Pablo Albarracín expresada a través del documento firmado ante escribano público.
Entre las fundamentaciones que presentan para dicha decisión se puede resaltar.
-“No existen elementos que permitan albergar dudas respecto
de la validez formal del documento señalado… firmado de puño y letra por Pablo.”
Considerando 9°. La actora se centraba en que el documento firmado constituida
un contrato de adhesión ya que Pablo no había podido determinar ninguna de las
clausulas.
-“No existen pruebas claras y convincentes de que el
paciente al momento de expresar dicha voluntad no haya considerando la
trascendencia y las consecuencias de su decisión”. Considerando 10°. Esto exime de la posibilidad
de un vicio de la voluntad que derribe la presunción de validez del documento
expresada en el punto anterior.
-Se desestimó la posición de que Pablo había abandonado
el culto, se encontraba casado con una mujer del mismo credo y el casamiento se
había realizado en diciembre de 2011, en el Salón del Reino de los Testigo de
Jehova. Considerando 11°.
-El tribunal concluye con “mientras una persona no
ofenda al orden o a la moral pública, o a los derechos ajenos, sus
comportamientos incluso públicos pertenecen a su privacidad, y hay que
respetarlos, aunque a lo mejor resulten molestos para terceros o desentonen con
pautas del obrar colectivo”. Segundo párrafo del considerando 19.
EN DERECHO NINGUN DERECHO ES ABSOLUTO. (Ni siquiera el de la vida).
