La semana pasada, el presidente Hugo Chávez anunció la conformación de una comisión para analizar el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a quien calificó como la espada de Damocles de Venezuela (video).
La función originaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por consiguiente de la CIDH, organismo dependiente de la OEA, es un reclamo de un amplio sector de diversas ideologías de todo el continente. Por ejemplo, El 13 de Diciembre de 1992, en el diario EL PAIS de España, el nobel Mario Vargas Llosa publicó una columna de opinión sobre la actuación de la OEA en el acto eleccionario realizado en Venezuela por aquellos días, donde resulto victorioso Carlos Andrés Pérez, sobre una intentona golpista y subsiguientemente realiza una denuncia pública sobre la inacción de dicho organismo en el autogolpe perpetrado en Perú. Vale mencionar que tanto Chávez como Vargas Llosa se encuentran en las antípodas ideológicas de la región, inclusive existieron fuertes enfrentamientos públicos entre ellos durante la primera campaña presidencial de Ollanta Humala.
Aun así, es clara la concordancia en las críticas a las funciones asumidas por la OEA y la CIDH en todos estos años y las distintas reacciones de dicho organismo llevan a dos personas en posiciones tan distintas políticamente a acordar en una crítica similar a un organismo continental. Recordamos asimismo, la dolorosa participación de la Organización de Estados Americanos en 1982 durante el último conflicto armado del Continente contra otra potencia extranjera. Contradiciendo su principal principio de defensa conjunta contra todo ataque externo, ello nos remite a la idea originaria de su conformación con el objetivo de resistir el ataque ideológico-militar del comunismo en el continente, inclusive observamos que, muchas de las dictaduras del continente se sustentan en este principio de seguridad nacional en todos los países al sur del Rio Bravo, en una América conmocionada por el triunfo de Castro en Cuba.
Con 17 años de distancia de aquella nota pero aun vigente como si fuera hoy, el golpe perpetrado contra Manuel Zelaya en Honduras, reavivo la discusión sobre función de la OEA en el concierto de naciones continentales donde fue contundente y enérgica la solicitud de la mayoría de los presidentes continentales, destacándose entre ellos, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia para que la OEA se pronunciara al respecto a pesar de su dubitativa inacción. El resultado de dicha presión internacional fue solamente un comunicado condenando al nuevo gobierno de Honduras. Vale decir que luego de constituirse el golpe y emitido el comunicado de repudio, el nuevo gobierno inconstitucional pudo presentarse en las reuniones de la OEA, siendo así reconocido por el organismo de manera implícita.
Esta nueva etapa de nuestra América Latina, la decisión del presidente de Venezuela se suma a las anteriormente realizadas por los distintos miembros de la región ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el pago anticipado de la deuda y la solicitud de reestructuración y reformulación de sus prácticas.
Asimismo se solicito, de forma regional, ante las Naciones Unidas la reforma del Consejo de Seguridad, con un pequeño diferendo entre los que solicitan su eliminación o modificación del carácter de miembros permanente del organismo. Todas estas acciones y denuncias de esta última década, individuales pero, a la vez, coordinadas y conjuntas se plantearon en el foro internacional, donde se juzga a los distintos organismos la complicidad del accionar en delitos cometidos contra los mismos estados durante las dictaduras regionales y la década neoliberal y, por último, la intromisión en las políticas públicas locales de dichos organismos en los quehaceres cotidianos de los estados, usualmente de intervención económica.
Desde la visión de la materia jurídica sobre los organismos internacionales. Se ha avanzado regionalmente mucho más fuerte sobre los organismos de crédito que sobre los organismos jurídicos. Esta avanzada sobre la CIDH debe sintetizar una expresión regional para resignificar la función de los organismos jurídicos internacionales. Debemos encontrar esa función para favorecer a los ciudadanos de los estados y no a las corporaciones que desembarcan en los mismos, argumentando el (casi) mítico precepto de “seguridad jurídica”, que no representa nada mas, ni nada menos que la socavamiento de la soberanía estatal.
El objetivo común de dichos organismos jurídicos y económicos es que los Estados resignen una autoridad que le es propia y fundamental para el ejercicio de la soberanía, en pos de encajar mejor en el concierto de naciones. Por ello, es necesario en esta instancia apoyar a Venezuela con su reclamo y deberíamos discutir a nivel regional el papel de organismos como el CIADI y otros que desmantelan al Estado de una atribución jurídica que le es innata. Esto pareciera ser una rendición de las venas abiertas de América latina donde una vez obtenidos los recursos naturales los colonizadores se abalanzan sobre la soberanía de la toma de decisiones.
Excelente análisis. Saludos desde Bruselas.
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